28 de junio de 2019: en junio llega la graduación de escuela superior. Es un momento en que los estudiantes de último año y sus familias celebran sus logros y esperan al próximo capítulo de sus vidas. Sin embargo, para dos estudiantes de Maryland, casi no hubo graduación. Tan solo meses antes del fin del año, los expulsaron de la escuela por acciones consideradas por el Centro de Justicia Pública como violaciones de la disciplina estudiantil y leyes relacionadas. A continuación, no solo les compartimos la forma en que Centro de Justicia Pública los ha ayudado a regresar a la escuela a tiempo para la graduación, sino también el modo en que trabaja para reformar las prácticas disciplinarias del distrito.
Un día, Ángela* andaba de camino a clase y una chica desconocida se le acercó. Ángela se le alejó, pero la chica la encontró de nuevo más tarde y empezó a discutir con ella. La discusión se convirtió en una pelea en la oficina del consejero de orientación. Cuando el subdirector trató de intervenir, Ángela le pegó sin querer; le pidió perdón y él lo aceptó. Sin embargo, la policía escolar la esposó y arrestó. El día después, la suspendieron y recomendaron su expulsión.
El Centro de Justicia Pública representó a Ángela en la reunión de expulsión, donde se resolvió el caso rápido cuando la escuela se puso de acuerdo con que ella debería tener permitido regresar para terminar su último año. Ella se graduó este mes y está emocionada por comenzar los estudios universitarios y perseguir la meta de volverse maestra.
Así como Ángela, Dante estaba en vías de graduarse cuando un encuentro inesperado lo puso en peligro de no lograrlo. A Dante y sus amigos los detuvo un oficial cuando iban de camino al juego de baloncesto, aparentemente por los cristales tintados. El oficial afirmó haber olido marihuana, por lo que los esposó y revisó a todos, además de revisar el carro. Luego de supuestamente haber descubierto un poco de marihuana escondida en el vehículo, los arrestó a todos, incluido Dante, quien era pasajero y no dueño del carro, de cuyo contenido desconocía.
Como si el arresto injustificado no fuese suficiente injusticia, la escuela de Dante lo expulsó un par de días después. Por ley, el departamento de policía debe reportar los arrestos estudiantiles al distrito escolar local, quien luego debe tomar acción para asegurar un “ambiente educativo seguro y protegido”. El distrito escolar de Dante interpreta la ley para permitir la expulsión de cualquier estudiante arrestado en la comunidad. Los administradores prohibieron la entrada de Dante a las instalaciones escolares y le asignaron solo tres horas por semana de instrucción en el hogar, de modo que le prohibieron participar en todas las actividades escolares, incluso en la graduación y fiesta de graduación.
El Centro de Justicia Pública representó a Dante en la lucha contra su expulsión. Nuestra primera victoria fue modesta: aumentamos la instrucción en el hogar a seis horas por semana y conseguimos el permiso para que fuera a la escuela a reunirse con su consejero de orientación y así permaneciera por el buen camino hacia la graduación y preparación para los estudios universitarios. Aún insatisfechos, Dante y el Centro de Justicia Pública persistieron en la defensa de su readmisión hasta lograrlo al final. En mayo regresó Dante a la escuela y en Junio se puso la toga y birrete junto a todos sus compañeros de clase, caminó por el estrado y recibió su diploma.
El Centro de Justicia Pública representa a estudiantes como Dante y Ángela como parte de nuestros esfuerzos por encarar las desigualdades basadas en la raza en relación con el acceso a la educación y los resultados educativos. Una investigación considerable indica que las escuelas tienen a los estudiantes de color desproporcionadamente expuestos a la suspensión, expulsión y transferencias forzadas, incluso cuando cometen leves faltas disciplinarias o actúan de manera similar a sus compañeros blancos. Esto tiene un impacto devastador en los estudiantes por individual, quienes luchan por alcanzar a sus compañeros después de haber perdido días y semanas de escuela, lo cual contribuye con disparidades raciales en los índices de graduación, en la participación en el sistema de justicia juvenil y en otros resultados en el ámbito académico y de la vida.
En el centro de nuestro trabajo de abordar estas desigualdades raciales se encuentra el Proyecto de Representación de Suspensión de Maryland (en inglés, MSRP). Esta colaboración entre el Centro de Justicia Pública, la organización Disability Rights Maryland, la Oficina del Defensor Público de Maryland, el Centro de Juventud, Educación y Justicia de la Escuela de Derecho de Maryland, y el Centro Bazelon para las Leyes de Salud Mental, proporciona asesoramiento y representación para los estudiantes que enfrentan la suspensión y expulsión, así como educación a los jóvenes y padres sobre sus derechos y sobre cómo defenderse. También nos encargamos de los sistemas que empujan a los estudiantes al abandono escolar por medio de la promoción de reformas políticas y del trabajo con los distritos escolares para implementar prácticas restaurativas y otras alternativas a la suspensión y expulsión. Estos acercamientos constructivos a la disciplina escolar pueden mejorar el comportamiento estudiantil, prevenir y resolver conflictos, mejorar el ambiente escolar y, en última instancia, ayudar a los estudiantes a mantener su educación por buen camino. Nos sentimos orgullosos de Dante y Ángela por su perseverancia y esperamos que los distritos vean los logros de estos estudiantes como ejemplo de lo que es posible cuando las escuelas trabajan con los estudiantes para solucionar problemas en lugar de descartarlos.
*Se ha cambiado el nombre de la estudiante para proteger su privacidad.
