Para publicación inmediata
2 de febrero de 2026
CONTACTO:
Erin Brock, Public Justice Center, news@publicjustice.org
Sally Abrahamson, Werman Salas, sabrahamson@flsalaw.com
BALTIMORE – Siete trabajadores de deconstrucción han llegado a un acuerdo con Second Chance, Inc., su director ejecutivo, un subcontratista nombrado 300 Painting and Remodeling LLC (300 LLC) y el propietario del subcontratista por las reclamaciones de salarios impagos de los trabajadores. La demanda, presentada en septiembre de 2024, alegaba que los demandados clasificaron erróneamente a los trabajadores como contratistas independientes y les negaron el pago de horas extras y otros salarios que les correspondían. Los demandantes recibirán $173,000 en salarios impagos e indemnizaciones.
La demandante principal, Francis Betancourth, dijo: “Nosotros, los demandantes, estamos agradecidos con los equipos legales del Public Justice Center y Werman Salas que escucharon nuestro caso y no dudaron en ayudarnos a luchar porque nos se respetaran nuestros derechos laborales. Realmente estamos contentos con los resultados obtenidos luego de tantos meses en este proceso”.
El trabajo de los demandantes era fundamental para la operación de Second Chance: la “deconstrucción” de viviendas en toda la Costa Este, retirando muebles, pisos, gabinetes, ventanas, accesorios y otros materiales de propiedades residenciales para su reventa en el almacén de Second Chance en Baltimore. El objetivo de Second Chance, según su sitio web, es “crear empleos con salarios dignos y sostenibles y capacitar a las personas para que tengan éxito a largo plazo”. Sin embargo, los demandantes alegaron que ellos y otros trabajaban hasta 70 horas por semana sin recibir el pago de horas extras requerido por la ley estatal y federal. Además, la demanda alegaba que, aunque Second Chance controlaba la mayoría de los aspectos del trabajo de los demandantes, incluidos los lugares de trabajo y los horarios, canalizaban el trabajo y el pago de los demandantes a través del subcontratista 300 LLC para eludir sus responsabilidades legales.
Francis Betancourth añadió: “Sabemos que hay muchas personas a las que no se les respetan sus derechos laborales, como recibir un pago justo por sus horas extras trabajadas, entre otros derechos entre otros derechos laborales más. Si alguien siente que se idéntica con nuestro caso les animamos en luchar y en buscar asistencia legal, así como la que nos brindó nuestro equipo legal, y así no quede impune la responsabilidad que tienen las empresas de cumplir con lo que establece la ley en beneficio de los trabajadores”.
El acuerdo llama la atención sobre la necesidad de abordar el uso generalizado de la clasificación errónea por parte de los empleadores para evitar proporcionar importantes protecciones laborales. Común en industrias como la construcción y la atención médica domiciliaria, la clasificación errónea de los trabajadores como contratistas independientes priva a los trabajadores de protecciones como el salario mínimo, la licencia por enfermedad y seguridad garantizada, y los beneficios de desempleo y compensación laboral.
Según Amy Gellatly, abogada de los demandantes, “A pesar de ser ilegal, el robo de salarios es generalizado, y los empleadores parecen creer que pueden operar con impunidad en ciertas industrias. Estos trabajadores no solo defendieron sus propios salarios, sino que también dejaron claro que la impunidad no será tolerada”.
El caso es Manuel Portillo et al., v. Second Chance, Inc., et al., Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland, Caso n.° 1:24-CV-02660-EA. El tribunal firmó una orden que aprueba el acuerdo el 12 de enero de 2026. Los trabajadores están representados por Amy Gellatly y Sam Williamson del Public Justice Center y Anne Kramer y Sally Abrahamson de Werman Salas P.C.
SOBRE EL PUBLIC JUSTICE CENTER
El Public Justice Center busca un cambio sistémico para construir una sociedad justa. Utilizamos herramientas de defensa legal para lograr la justicia social, la equidad económica y racial, y los derechos humanos fundamentales para las personas que luchan por satisfacer sus necesidades básicas. Nuestro Proyecto de Justicia Laboral promueve la justicia y la equidad para los trabajadores de Maryland representando a los trabajadores en casos de robo de salarios y otros litigios, brindando educación sobre sus derechos, abogando por políticas para ampliar los derechos de los trabajadores y colaborando con socios comunitarios. Para obtener más información, visite www.publicjustice.org.
SOBRE WERMAN SALAS P.C.
Werman Salas P.C. es un bufete de abogados nacional con abogados en Chicago, Washington, D.C. y Boston. El bufete centra su práctica en: (1) demandas colectivas y acciones conjuntas en materia de salarios y horas de trabajo conforme a la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA) y las leyes estatales sobre salarios; (2) litigios en materia de privacidad conforme a la Ley de Privacidad de Información Biométrica de Illinois (BIPA) y otras leyes de privacidad; y (3) asuntos de protección al consumidor, incluida la Ley de Protección del Consumidor Telefónico (TCPA).
Los tribunales federales han reconocido repetidamente el liderazgo del bufete en litigios sobre derechos laborales, describiendo a Werman Salas P.C. como “líderes nacionales en la defensa de los derechos de los trabajadores” en el caso Sanchez v. Roka Akor Chicago LLC, y como “abogados reconocidos en litigios sobre salarios y horas de trabajo” con “una excelente reputación a nivel nacional” en el caso Osman v. Grube, Inc. Para obtener más información, visite www.flsalaw.com.
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